A varias semanas de los fuertes sismos que golpearon el norte de Venezuela, las autoridades continúan con las tareas de rescate y recuperación en las zonas más afectadas. Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, registrados el 24 de junio, provocaron una de las mayores tragedias recientes en América Latina, con severos daños en el estado costero de La Guaira, cercano a Caracas.
De acuerdo con el más reciente balance oficial difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el número de personas fallecidas ascendió a 4 mil 734, mientras que 16 mil 740 resultaron lesionadas. Según el funcionario, una gran parte de los heridos ya recibió el alta médica.
Aunque el gobierno no ha informado una cifra oficial de desaparecidos, estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas señalan que podrían existir hasta 50 mil personas cuyo paradero aún no ha sido confirmado, debido a la magnitud del desastre.
Las autoridades reportaron daños en más de 800 inmuebles, de los cuales 190 quedaron completamente destruidos. En La Guaira, considerada el epicentro de la emergencia, miles de habitantes permanecen en refugios improvisados instalados en estadios, plazas y espacios públicos, donde reciben alimentos, atención médica y otros apoyos por parte de voluntarios y organismos de asistencia.
Las cifras oficiales indican que cerca de 21 mil personas continúan alojadas en campamentos temporales tras perder sus viviendas.
Mientras maquinaria pesada trabaja en la remoción de toneladas de escombros, familiares de las víctimas siguen buscando indicios de sus seres queridos entre los edificios colapsados.
La magnitud de los daños también ha complicado la atención de la emergencia, ya que hospitales, escuelas, carreteras, puentes y redes de agua potable y electricidad sufrieron afectaciones, dificultando el restablecimiento de los servicios y el retorno de miles de familias a sus comunidades.
Organismos internacionales han advertido que la asistencia humanitaria deberá mantenerse durante los próximos meses, con prioridad en el suministro de alimentos, agua potable, atención médica, apoyo psicológico y acciones para prevenir brotes de enfermedades en los albergues.
Especialistas en gestión de riesgos consideran que la recuperación de las regiones afectadas será un proceso de largo plazo y requerirá inversiones significativas para reconstruir la infraestructura, restablecer los servicios básicos e impulsar la reactivación económica, además de fortalecer las medidas de prevención ante futuros movimientos sísmicos.
