El senador estadounidense Tim Kaine envió una carta a la Casa Blanca en la que expresó su preocupación por la campaña de ataques del Pentágono contra presuntas embarcaciones utilizadas por el narcotráfico, al advertir que algunas de las personas fallecidas podrían haber sido víctimas de ejecuciones ilegales.
De acuerdo con el legislador demócrata por Virginia, los operativos realizados desde septiembre pasado han dejado más de 220 personas muertas, entre ellas al menos 13 ciudadanos mexicanos. Las acciones militares han consistido en ataques con drones dirigidos contra pequeñas embarcaciones señaladas de transportar drogas con destino a Estados Unidos.
En su misiva, Kaine criticó que la información relacionada con estos operativos permanezca clasificada, ya que ello impide conocer los criterios utilizados para seleccionar los objetivos. Señaló que quienes son atacados desconocen por completo las razones por las que fueron considerados blancos de estas operaciones.
El senador afirmó que la información confidencial presentada al Senado no puede hacerse pública, aunque sostuvo que esos datos muestran que Estados Unidos ha participado en acciones letales contra personas que, en algunos casos, estarían fuera de los objetivos legalmente permitidos. Incluso advirtió que algunas de esas víctimas podrían ser consideradas casos de homicidio.
La operación militar, denominada Lanza del Sur, ha representado un gasto superior a los 800 millones de dólares para el Pentágono desde su puesta en marcha en septiembre del año pasado.
Mientras el Departamento de Defensa sostiene que los ataques cumplen con la legislación vigente, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró ante el Senado que las decisiones para realizar estos bombardeos se sustentaron en información de inteligencia.
Por su parte, el presidente Donald Trump ha asegurado en redes sociales que esta estrategia redujo en 98.2% el tráfico de drogas por vía marítima.
No obstante, un informe reciente de la DEA concluyó que la ofensiva no disminuyó el flujo de estupefacientes, sino que obligó a las organizaciones criminales a modificar sus métodos. Según ese reporte, ahora utilizan embarcaciones de mayor tamaño y rutas más cercanas a la costa, lo que incrementa el riesgo para comunidades costeras ante posibles ataques con drones.
