La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega resolvió vincular a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, junto con otras siete personas, por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos, actividad conocida como «huachicol fiscal».
La determinación fue emitida tras una audiencia que se prolongó durante más de 36 horas, en la que la autoridad judicial consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) son suficientes para iniciar un proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
De acuerdo con la investigación ministerial, los imputados habrían formado parte de un esquema integrado por diversas empresas que, presuntamente, simulaban operaciones comerciales para facilitar el ingreso ilegal de combustible procedente de Estados Unidos, evitando el pago de impuestos y otras contribuciones fiscales.
Ernesto Ruffo Appel, quien gobernó Baja California de 1989 a 1995 y fue detenido recientemente en Ensenada, había reconocido ser accionista de una de las empresas bajo investigación. No obstante, ha rechazado haber tenido conocimiento de actividades ilícitas relacionadas con dicha compañía.
Como parte de las medidas cautelares, la jueza confirmó la prisión preventiva para el exmandatario, quien permanecerá internado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, conocido como el penal del Altiplano, en el Estado de México.
En ese mismo centro penitenciario continuarán su proceso Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, José Merino Valdés Cuervo y Luis Antonio Barrientos Juárez.
En cuanto a los demás implicados, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales enfrentarán el proceso bajo prisión domiciliaria, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén permanecerá en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, Estado de México.
Durante las siguientes etapas del procedimiento, la FGR deberá demostrar la responsabilidad de los acusados, en tanto que la defensa del exgobernador podrá presentar pruebas y recurrir la resolución judicial conforme a lo establecido por la ley.