Una investigación publicada por el diario Los Angeles Times, en conjunto con Puente News Collaborative, señala que autoridades de Estados Unidos mantienen indagatorias sobre los gobernadores morenistas Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, por supuestos vínculos con actividades delictivas relacionadas con el crimen organizado y el contrabando de combustible.
De acuerdo con el reporte periodístico, ambos mandatarios habrían perdido sus visas estadounidenses mientras avanzan investigaciones de carácter penal. Sin embargo, presuntamente participan en un mecanismo especial denominado “Significant Public Benefit Parole”, el cual permite el ingreso temporal de personas extranjeras que colaboran con procesos judiciales o de seguridad pública, incluyendo testimonios ante grandes jurados.
Según la publicación, las pesquisas contra Durazo estarían enfocadas en posibles relaciones con grupos criminales, mientras que las dirigidas a Villarreal estarían vinculadas al tráfico ilegal de combustibles. Estas investigaciones se suman a otras acciones emprendidas por autoridades estadounidenses contra funcionarios de Morena, luego de que el Departamento de Justicia acusara en abril al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros exfuncionarios, de presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa en operaciones de narcotráfico.
El reportaje también asegura que Durazo viaja de manera frecuente a Estados Unidos para recibir atención médica bajo dicho esquema migratorio especial. En el caso de Villarreal, sostiene que cuenta con el mismo permiso y que, durante algunos de sus cruces fronterizos, habría recibido acompañamiento de agentes estadounidenses.
Respecto a estas versiones, Américo Villarreal rechazó categóricamente los señalamientos y los calificó como falsos. Por su parte, una portavoz del gobierno de Alfonso Durazo desmintió la información difundida por el periódico, afirmando que el mandatario conserva una visa vigente y que no ha recibido notificación alguna sobre investigaciones en su contra por parte de autoridades estadounidenses.
La investigación agrega que, durante una reunión celebrada en mayo entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin, el funcionario estadounidense habría manifestado el interés de Washington en obtener la extradición de Rocha Moya.
En respuesta, la mandataria mexicana habría señalado que cualquier determinación sobre el caso corresponde a las instituciones nacionales y advirtió que nuevas acusaciones contra actores políticos mexicanos podrían interpretarse como una injerencia en asuntos internos del país.