Un juez federal de Estados Unidos determinó que la administración del presidente Donald Trump actuó de manera ilegal al impedir que personas procedentes de 39 países sujetos a restricciones de viaje recibieran resoluciones sobre solicitudes de asilo, permisos de trabajo, residencia permanente y ciudadanía.
La resolución fue emitida por el juez federal John McConnell, de Rhode Island, quien concluyó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó políticas que vulneraron los derechos de inmigrantes originarios de países de África, Asia, América Latina y Oriente Medio.
El fallo responde a una demanda interpuesta en marzo por una alianza de organizaciones defensoras de migrantes y sindicatos, que cuestionaron las medidas adoptadas por el USCIS desde noviembre pasado. Dichas disposiciones suspendían el procesamiento de beneficios migratorios para personas provenientes de naciones incluidas en las restricciones de viaje impulsadas por Trump, bajo argumentos relacionados con la seguridad nacional y la verificación de antecedentes.
En su decisión, McConnell señaló que estas políticas colocaron a miles de inmigrantes en una situación de incertidumbre jurídica prolongada, pese a que habían cumplido con todos los requisitos y procedimientos establecidos por las leyes migratorias estadounidenses.
El juez destacó que la paralización de los trámites no obedecía a conductas de los solicitantes, sino exclusivamente a su país de origen. Asimismo, afirmó que muchos inmigrantes permanecieron durante meses a la espera de respuestas que la agencia federal se negó a procesar.
Finalmente, McConnell sostuvo que el USCIS incumplió tanto las leyes de inmigración como las normas administrativas vigentes, al tiempo que subrayó que el principio del Estado de derecho debe aplicarse de manera equitativa para todas las personas.
