El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), una medida que podría afectar a empresas que mantienen relaciones comerciales y brindan servicios al organismo, además de aumentar las tensiones diplomáticas con sus aliados europeos.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Washington no permitirá que la Corte juzgue a ciudadanos estadounidenses y señaló que las restricciones buscan limitar los recursos y las operaciones del tribunal.
La administración de Trump mantiene diferencias con la CPI por las órdenes de arresto emitidas contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, así como por una investigación previa sobre presuntos abusos cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán, que ya fue archivada.
Fundada en 2002 para investigar y juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, la CPI cuenta con 125 países miembros, entre ellos todos los integrantes de la Unión Europea. Estados Unidos y Turquía se encuentran fuera del organismo, que tiene su sede en Países Bajos y ha recibido el respaldo de diversos gobiernos europeos.
El anuncio de las sanciones coincidió con la entrega del Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navi Pillay, quien fue jueza de la Sala de Apelaciones de la Corte entre 2003 y 2008. El comité del Nobel destacó la importancia de defender la justicia internacional en un contexto en el que jueces e instituciones jurídicas enfrentan presiones políticas.
Las nuevas restricciones podrían obligar a bancos, aseguradoras y compañías tecnológicas estadounidenses a suspender sus vínculos con la Corte. Ante esa posibilidad, funcionarios del tribunal han comenzado a sustituir programas informáticos de Microsoft por alternativas de código abierto y a reforzar sus mecanismos bancarios y de seguros.
Por su parte, el secretario de la CPI, Osvaldo Zavala Giler, pidió a la Unión Europea prepararse para activar el llamado mecanismo de bloqueo, una herramienta que busca proteger a los países europeos frente a los efectos extraterritoriales de sanciones impuestas por Estados Unidos.
