Un juez ordenó la medida cautelar de prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, así como contra Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, José Merino Valdés Cuervo, Guillermo de la Peña Rosales, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juárez y Adriana Magali Bárcenas Guillén.
Los ocho imputados son investigados por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburo, por lo que permanecerán bajo prisión preventiva mientras continúan las diligencias del proceso penal.
Como parte de las medidas cautelares, Ernesto «N», Ricardo «N», José «N», Juan «N» y Luis «N» permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, conocido como «Altiplano», en el Estado de México.
En el caso de José María «N» y Guillermo «N», el juez autorizó que enfrenten el proceso en prisión domiciliaria debido a problemas de salud, mientras que Adriana «N» permanecerá internada en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
Las defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que en los próximos días el juez resolverá si los imputados serán vinculados o no a proceso. En tanto, las medidas cautelares continuarán vigentes.
De acuerdo con la FGR, la investigación deriva de un operativo conjunto con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para desarticular una presunta organización dedicada a la importación, distribución y comercialización ilegal de combustibles.
Las indagatorias apuntan a que el grupo introducía hidrocarburos al país mediante declaraciones aduaneras falsas o incompletas, reportando volúmenes inferiores a los realmente transportados o clasificando la mercancía como otros productos para evitar el pago de impuestos.
Este esquema, identificado como huachicol fiscal, habría provocado un importante daño económico al Estado mexicano y, según las autoridades, también serviría como una fuente de financiamiento para grupos delictivos.