Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos evidencias firmes sobre presuntos vínculos con el narcotráfico del gobernador Rubén Rocha Moya y del senador Enrique Inzunza, el Congreso de la Unión permanece a la expectativa de recibir dicha información.
Esto se debe a que, en caso de contar con elementos suficientes, correspondería a la Cámara de Diputados iniciar el proceso de declaración de procedencia para retirarles el fuero constitucional. De concretarse, ambos podrían ser sujetos a detención, enfrentar procesos ante la justicia mexicana y, si las pruebas lo ameritan, eventualmente ser extraditados a Estados Unidos.
El fuero constitucional brinda protección legal a diversos funcionarios, entre ellos gobernadores, legisladores federales, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados electorales, consejeros del INE y secretarios de Estado.
En particular, si el gobernador de Sinaloa fuera desaforado, el Senado de la República tendría la facultad de declarar la desaparición de poderes en la entidad y designar a un mandatario provisional.
La declaración de procedencia, también conocida como desafuero, es un mecanismo legislativo mediante el cual la Cámara de Diputados puede retirar la inmunidad a servidores públicos, permitiendo su enjuiciamiento por delitos del orden federal.