La Casa Blanca afirmó que el cese al fuego con Irán representa el fin de las hostilidades, lo que le permitiría al gobierno evitar solicitar autorización al Congreso tras cumplirse el plazo de 60 días establecido por la Resolución sobre Poderes Bélicos de 1973.
Según la administración, el conflicto —iniciado el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel— ya concluyó en términos legales, aunque se mantienen operaciones militares en la región y medidas como el bloqueo a las exportaciones petroleras iraníes.
Esta interpretación ha sido fuertemente cuestionada por legisladores demócratas, quienes sostienen que la ley no contempla un alto el fuego como justificación para evadir el control del Congreso. Argumentan que acciones como el bloqueo naval siguen siendo actos de hostilidad. Además, critican la falta de una estrategia clara para cerrar el conflicto.
En paralelo, los republicanos han bloqueado iniciativas para poner fin a la guerra, que ha dejado miles de muertos, daños económicos significativos y efectos negativos en los mercados energéticos y el costo de vida. El conflicto también ha impactado políticamente, ya que encuestas reflejan un creciente rechazo ciudadano y una baja en la popularidad del presidente en un momento clave previo a las elecciones legislativas.
