a Corte Penal Internacional (CPI) condenó las nuevas sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra jueces y fiscales adjuntos de la institución, al considerar que representan una amenaza directa a su independencia judicial y al funcionamiento del sistema de justicia internacional.
El tribunal advirtió que estas medidas debilitan el Estado de derecho y perjudican a las víctimas de crímenes internacionales que recurren a la Corte después de agotar otras alternativas para obtener justicia. Asimismo, aseguró que continuará cumpliendo sus funciones con imparcialidad e independencia, conforme a los principios del Estatuto de Roma.
Las sanciones anunciadas en agosto de 2026 se suman a otras medidas adoptadas previamente por Washington, que en conjunto han afectado a nueve de los 18 jueces de la CPI, los dos fiscales adjuntos, un exfiscal y un integrante del personal. Entre los sancionados se encuentran la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, de Japón, y el abogado principal de la Fiscalía, Abdoulaye Seye, de Senegal.
Por su parte, la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma manifestó su rechazo a estas acciones y advirtió que podrían obstaculizar las investigaciones en curso y los esfuerzos internacionales para castigar los delitos más graves. También llamó a los países miembros a mantener su respaldo a la Corte y proteger a sus funcionarios.
Las tensiones entre Washington y la CPI están relacionadas con las investigaciones del tribunal, entre ellas las que derivaron en órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant. Estados Unidos e Israel no forman parte del Estatuto de Roma. Pese a las presiones, la Corte reiteró que no cederá ante amenazas y mantendrá su labor para garantizar justicia por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión.
