Meta comenzó este martes un juicio en California que podría obligar a la empresa a modificar el funcionamiento de Facebook e Instagram, fortalecer las medidas de protección para menores y cambiar sus prácticas relacionadas con el uso de datos personales.
El proceso es promovido por una coalición integrada por 29 estados de Estados Unidos, encabezada por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. Los representantes legales de los estados presentarán sus argumentos ante un jurado de ocho integrantes en Oakland.
Las autoridades acusan a Meta de haber diseñado Facebook e Instagram con características que pueden generar dependencia entre niños y adolescentes, además de señalar posibles consecuencias relacionadas con problemas de salud mental, entre ellas ansiedad, depresión y suicidio. También sostienen que la compañía habría proporcionado información engañosa sobre la seguridad de sus plataformas.
Otro de los principales señalamientos apunta a la presunta recopilación y utilización indebida de información personal de menores, lo que, según los estados, habría representado una violación de la legislación federal.
Aunque el jurado emitirá una opinión consultiva, la decisión final sobre la responsabilidad de Meta corresponderá a la jueza federal Yvonne González Rogers. En caso de determinar que la empresa incurrió en irregularidades, podría establecer sanciones económicas y ordenar modificaciones en Facebook e Instagram.
Por su parte, Meta sostiene que ha destinado importantes recursos para mejorar la seguridad de los menores en internet y rechaza haber realizado afirmaciones engañosas. La compañía también argumenta que los estados no han demostrado que sus habitantes hayan sufrido los daños que se le atribuyen.
Durante el proceso se prevé la participación como testigos del director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y del responsable de Instagram, Adam Mosseri. El juicio podría extenderse alrededor de seis semanas.
Los fiscales generales todavía no han definido una sanción específica, aunque durante una audiencia reciente señalaron que las posibles penalizaciones podrían alcanzar aproximadamente los 200 mil millones de dólares.