La subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, Columba Jazmín López Gutiérrez, junto con el procurador Agrario, Víctor Suárez Carrera, suscribieron un Convenio Marco de Colaboración enfocado en garantizar la atención de los derechos agrarios en las zonas donde opera el programa Sembrando Vida, priorizando el acceso de las mujeres a la tierra y a la seguridad jurídica sobre la misma.
Mediante este acuerdo se promoverá la asesoría legal, la validación de derechos, la solución de disputas agrarias y el acompañamiento en procesos de sucesión. Estas acciones buscan avanzar en la regularización de parcelas y en el reconocimiento de las mujeres como titulares de derechos dentro de ejidos y comunidades.
López Gutiérrez destacó que el acceso al patrimonio es clave para la autonomía de las mujeres, al señalar que sin tierra no existen condiciones plenas para tomar decisiones sobre su vida. Por ello, subrayó la importancia de que las mujeres rurales cuenten con derechos sobre las parcelas que trabajan y los espacios donde habitan.
El convenio también atiende una problemática presente en el territorio: muchas mujeres que participan en Sembrando Vida laboran bajo acuerdos informales o en condiciones de usufructo, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de su trabajo. Con este instrumento, se abre la posibilidad de regularizar dichas situaciones a través de conciliaciones, acuerdos comunitarios y registros legales.
Por su parte, Víctor Suárez Carrera resaltó que esta alianza institucional fortalece la segunda etapa del programa desde el ámbito territorial, al brindar certeza jurídica a las y los beneficiarios, especialmente a las mujeres. Asimismo, planteó que los Centros de Atención Agraria podrían funcionar como puntos de distribución de productos, fomentando cadenas de consumo entre productores, lo que contribuiría al fortalecimiento de la economía local y la valorización de la producción campesina.
Finalmente, este esfuerzo reconoce la relevancia de la propiedad social, que abarca más de la mitad del territorio nacional y constituye un pilar de la organización comunitaria en el campo mexicano, donde los ejidos y comunidades no solo representan formas de tenencia de la tierra, sino espacios de identidad, producción y vida colectiva.