
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó este sábado el envío de tropas a Portland, Oregón, dentro de su estrategia de emplear a las fuerzas armadas en territorio nacional para reforzar su política contra la inmigración.
Trump, quien ya había desplegado efectivos en Los Ángeles y Washington, recordó que desde principios de septiembre había advertido sobre la posibilidad de mandar a la Guardia Nacional a Portland, considerada una ciudad “santuario” que limita la cooperación con las autoridades federales migratorias.
A través de su red social Truth Social, el mandatario indicó que, a petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instruyó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, a movilizar tropas para “proteger a Portland y a las instalaciones del ICE de los ataques de Antifa y otros terroristas nacionales”. También aseguró que autorizó “el uso de fuerza total” en caso de ser necesario, aunque no precisó en qué consistiría esa medida.
Ni el alcalde de Portland, Keith Wilson, ni la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, ambos demócratas, respondieron de inmediato. Sin embargo, Wilson ya había señalado el viernes que la presencia de agentes federales en las oficinas migratorias era una intromisión no solicitada y la calificó como un “espectáculo” político.
Desde su retorno a la Casa Blanca en enero, Trump ha intensificado el discurso contra la migración irregular, a la que describe como una “invasión de criminales extranjeros”, colocando al ICE como eje central de su estrategia.
En los últimos meses, varias jurisdicciones “santuario” han sido blanco de demandas del Departamento de Justicia, entre ellas Illinois, Nueva York y Colorado, así como ciudades como Los Ángeles y Chicago, todas gobernadas por demócratas.
La tensión ha escalado tras incidentes violentos, como el ataque a una sede del ICE en Dallas la semana pasada, que dejó un detenido muerto y dos heridos graves. Portland, además, mantiene un historial de protestas y enfrentamientos, recordados especialmente durante las manifestaciones por justicia racial tras la muerte de George Floyd en 2020.
La situación se agravó luego del asesinato del activista conservador Charlie Kirk el 10 de septiembre, hecho que motivó a Trump a emitir un decreto para declarar al movimiento “Antifa” como organización terrorista. Esta medida ha generado fuertes críticas, pues se teme que sirva para criminalizar la protesta y la disidencia política.
El principal asesor presidencial, Stephen Miller, respaldó la decisión afirmando que el país enfrenta una “sedición terrorista nacional” y que se utilizarán “todos los recursos necesarios” para enfrentarla.
El despliegue en Portland se suma a acciones similares en Memphis, Los Ángeles y Washington, y a las amenazas de extender esta política a otras ciudades como Chicago, Nueva York y Baltimore, lo que refleja un creciente proceso de militarización interna bajo la administración de Trump.