El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una modificación relevante en los requisitos para acceder a la ciudadanía estadounidense, centrada esta vez en la evaluación del “buen carácter moral”, concepto que bajo las nuevas reglas adquiere un alcance más amplio y subjetivo.
De acuerdo con un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), fechado el 15 de agosto, la revisión para la naturalización será ahora más estricta y completa. Los oficiales no solo tomarán en cuenta antecedentes penales, sino también la conducta social y personal del solicitante.
Hasta el momento, la evaluación se limitaba a descartar a quienes tuvieran delitos graves como homicidio, fraude, evasión fiscal o crímenes sexuales. Con la nueva directriz, también se valorarán aspectos positivos como empleo estable, aportes comunitarios o logros laborales. En otras palabras, no bastará con carecer de antecedentes penales: será necesario demostrar un comportamiento cívico y social acorde con los valores estadounidenses.
El documento incluso establece que faltas menores, como infracciones de tránsito repetidas, podrán influir negativamente en el proceso. La intención, según USCIS, es analizar si la conducta general del aspirante refleja los principios éticos esperados de un ciudadano.
La ampliación de los criterios de evaluación se suma a otras medidas migratorias impulsadas durante este gobierno, entre ellas:
-Propuestas para hacer más complejo el examen de naturalización.
-Posible revocación de ciudadanía a naturalizados bajo sospecha de fraude.
-Un decreto presidencial (pendiente de fallo judicial) para restringir la ciudadanía por nacimiento.
-Requisitos adicionales en visas de turismo y negocios (B1/B2), con depósitos de hasta 15 mil dólares en algunos casos.
-La creación de visas especiales, como la “tarjeta dorada” para millonarios que busquen residencia permanente.
Con este endurecimiento, la administración Trump refuerza una visión migratoria más estricta y nacionalista, en la que la ciudadanía no solo depende del cumplimiento de la ley, sino también de parámetros éticos y culturales que amplían la discrecionalidad de los oficiales migratorios.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos de migrantes han manifestado su preocupación ante lo que consideran un uso arbitrario del concepto de “buen carácter moral”, lo que podría convertirse en un filtro excluyente para muchos solicitantes.
