La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer una propuesta alternativa de reformas constitucionales y legales en materia electoral que será enviada al Senado este martes.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el llamado Plan B de la reforma electoral contempla cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre los que destacan ajustes relacionados con la revocación de mandato del titular del Ejecutivo y modificaciones en los procesos vinculados con la elección judicial.
Entre los principales puntos de la propuesta se plantea reducir el número de regidores en los ayuntamientos, estableciendo un máximo de 15, así como disminuir el presupuesto de los congresos locales, fijando un límite de hasta 0.7% del gasto estatal.
Asimismo, la iniciativa contempla que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenga la facultad de revisar con mayor rapidez los gastos electorales. También propone que el conteo de votos comience desde la llegada del primer paquete electoral el día de la jornada.
Otro punto incluido es que funcionarios electorales y magistrados de tribunales en la materia tengan remuneraciones inferiores al salario del titular del Poder Ejecutivo.
La presidenta reiteró que continuará promoviendo la eliminación de los legisladores plurinominales por lista, además de impulsar una reducción en el financiamiento a los partidos políticos y al sistema electoral.
Cabe señalar que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue la encargada de detallar los alcances del Plan B, el cual —señaló— busca reducir privilegios en municipios y congresos locales para destinar esos recursos al bienestar de la población.
En el caso de los municipios, la propuesta establece disminuir el número de regidurías a un rango de entre 7 y un máximo de 15, además de limitar a una sola sindicatura por ayuntamiento.
Para los congresos locales se plantea establecer un tope presupuestal equivalente al 0.70% del presupuesto de egresos estatal, con el objetivo de que los ahorros generados se destinen a obras de infraestructura pública en municipios y entidades.
Respecto a la revocación de mandato, Rodríguez explicó que se trata del derecho de la ciudadanía a decidir si el presidente debe continuar o no en el cargo. El Plan B propone que este ejercicio se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, lo que podría ocurrir en 2027 o 2028, dependiendo del momento en que se solicite.
En cuanto a las reformas a leyes secundarias, la iniciativa plantea establecer límites salariales para consejeros y altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales, así como para magistrados de tribunales electorales.
También se propone iniciar el cómputo de votos en elecciones federales y locales al concluir la jornada electoral con la llegada del primer paquete, además de fortalecer los mecanismos de fiscalización mediante convenios con distintas autoridades y el uso de tecnologías.