La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existen motivos para que Estados Unidos imponga sanciones a la aviación mexicana, esto luego de que el Departamento de Transportes de ese país advirtiera posibles medidas tras considerar que la reubicación de vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) perjudica a la aviación comercial estadounidense.
«La decisión de trasladar los vuelos de carga al AIFA se tomó por razones de seguridad, no hay justificación para ninguna sanción», señaló la mandataria. Añadió que no han recibido una notificación oficial por parte del gobierno estadounidense, ya que hasta ahora la información se ha difundido únicamente mediante un comunicado.
Sheinbaum enfatizó que existen mesas de diálogo entre autoridades mexicanas y representantes de aerolíneas estadounidenses, coordinadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como por la Defensa y la Marina, encargadas de la operación del AIFA y el AICM. Aseguró que a través de estas vías se pueden aclarar inquietudes, por lo que insistió en que no hay fundamentos para sanciones.
La presidenta también destacó los avances del AIFA, recordando que recientemente se anunció la incorporación de nuevos vuelos internacionales a partir de diciembre. Subrayó que el aeropuerto opera con eficacia, especialmente en el manejo de carga, donde se están reforzando tanto las aduanas como los recintos fiscales para mejorar la eficiencia logística.
Finalmente, reiteró que el gobierno mexicano mantendrá comunicación abierta con las autoridades de Estados Unidos, y sostuvo que el cambio de sede para los vuelos de carga se debió exclusivamente a criterios de seguridad.
El Departamento de Transportes de Estados Unidos advirtió que podría negar solicitudes de vuelo a aerolíneas mexicanas e incluso retirar la inmunidad antimonopolio de la alianza entre Aeroméxico y Delta. El motivo, según el organismo, es que el traslado de operaciones de carga del AICM al AIFA, junto con cambios en los horarios de vuelo, ha generado costos millonarios adicionales para empresas estadounidenses, lo que consideran una violación al acuerdo bilateral aéreo vigente desde 2022.