
Durante su conferencia en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como “irrespetuosas” las declaraciones realizadas por Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López, quien ha sido extraditado a Estados Unidos y recientemente se declaró culpable ante una corte en Chicago.
Lichtman acusó a la mandataria de fungir como promotora del cártel liderado por Ismael “El Mayo” Zambada. En respuesta, Sheinbaum afirmó que sus dichos ofenden a la institución presidencial y negó cualquier vínculo con organizaciones delictivas. “No tenemos ninguna relación de complicidad con nadie”, enfatizó durante una conferencia en Sinaloa, donde estuvo acompañada por el gobernador Rubén Rocha Moya.
Además, Sheinbaum dejó claro que el proceso judicial contra Ovidio Guzmán es responsabilidad exclusiva de la Fiscalía General de la República (FGR). Subrayó que se trata de un asunto legal entre la FGR y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y no del gobierno federal.
“El gobierno no está involucrado directamente en este caso. La FGR es quien lleva todo el procedimiento, desde la orden de aprehensión hasta la extradición”, explicó.
Cabe señalar que Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán “El Ratón”, lanzó fuertes críticas contra la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusó de fungir como portavoz del cártel liderado por Ismael “El Mayo” Zambada.
“Le sugeriría a la presidenta que reflexione sobre sus antecesores en el cargo y analice por qué nunca se ha hecho nada para detener a Zambada. Ni siquiera estoy seguro de que exista alguna acusación en su contra en México. En vez de comportarse como vocera de la red criminal de Zambada —que es la impresión que da—, debería ocuparse de ese asunto”, expresó el abogado.
Tras salir de una audiencia judicial en Chicago, Lichtman también cuestionó la versión de que el gobierno de México haya participado en las negociaciones del acuerdo alcanzado con su cliente. “Pensar que Estados Unidos consultó o incluyó a México en ese proceso es completamente ilógico. Basta con recordar el caso del general Salvador Cienfuegos”, señaló.
El litigante recordó que Cienfuegos fue el funcionario de mayor rango en México en enfrentar cargos en Estados Unidos, acusado de brindar protección a narcotraficantes. “Una vez imputado, el gobierno mexicano exigió su retorno para juzgarlo aquí. Fue devuelto, exonerado casi de inmediato, y el propio presidente mexicano afirmó que la DEA había fabricado las pruebas”, agregó.
Lichtman concluyó diciendo que, con ese caso, el gobierno mexicano no solo desestimó las acusaciones, sino que además violó un acuerdo bilateral con Estados Unidos, lo cual calificó como un hecho aún más grave.