La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que su administración actuará con total transparencia respecto al caso de los presuntos campos de exterminio hallados en Teuchitlán, Jalisco.
La mandataria enfatizó que la investigación se basará en pruebas científicas y se castigará a los responsables, garantizando que “no habrá manipulaciones en la construcción de los hechos históricos”.
Asimismo, señaló que se está analizando la cronología de los hechos desde septiembre de 2024, cuando las primeras autoridades tuvieron conocimiento de la situación y asumieron la responsabilidad del resguardo del terreno, con el objetivo de esclarecer responsabilidades.
Además, Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará avances sobre la investigación el próximo miércoles. Destacó que, desde que el gabinete de seguridad tuvo conocimiento del caso, se solicitó la intervención de la FGR para asegurar una indagación exhaustiva, en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Por cierto, Sheinbaum Pardo, anunció una serie de medidas inmediatas para abordar la problemática de las desapariciones. Entre ellas, la firma de un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, lo que permitirá mejorar su capacidad operativa y la adquisición de tecnología. Además, el próximo jueves se enviarán al Congreso de la Unión varias iniciativas de reforma.
Entre las propuestas se contempla la incorporación de nuevos protocolos legales que permitan activar una alerta de búsqueda de manera inmediata en todas las corporaciones y entidades del país. También se busca eliminar el requisito de esperar 72 horas para abrir una carpeta de investigación por desaparición. Otra de las reformas plantea equiparar la desaparición con el delito de secuestro, estandarizando penas y procedimientos de investigación a nivel nacional.
Asimismo, se establecerá la publicación mensual de datos sobre desapariciones por parte de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR). Finalmente, se fortalecerá la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para brindar apoyo y asesoría a las familias de las personas desaparecidas.
En cuanto a las iniciativas de reforma, la primera corresponde a la Ley General de Población y busca consolidar el Certificado Único de Registro de Población (CURP) como la única fuente de identidad en el país. Esto permitiría cruzar datos con registros administrativos para generar alertas que ayuden a identificar indicios de vida de personas desaparecidas.
La segunda iniciativa se enfoca en modificar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, con el objetivo de crear una Base Nacional Única de Información Forense, que reúna datos de los servicios periciales de todas las fiscalías estatales y la FGR.
También se plantea la creación de una Plataforma Nacional de Identificación Humana, que integre registros administrativos y forenses a nivel nacional, permitiendo cotejos con el registro electoral del INE para la identificación de personas mediante huellas dactilares. Finalmente, se fortalecerá el Centro Nacional de Identificación Humana, encargado de gestionar esta nueva plataforma.