El régimen talibán en Afganistán aprobó una modificación a su Código Penal, conocida como De Mahakumu Jazaai Osulnama, que autoriza a los hombres a ejercer castigos físicos contra esposas e hijos, siempre que no queden marcas visibles. En el artículo 32 se otorga a los jefes de familia la facultad de aplicar sanciones “discrecionales”, lo que ha sido interpretado por activistas como una normalización legal de la violencia dentro del hogar.
La nueva normativa también establece que las esposas son consideradas propiedad legal del marido y que no pueden salir del domicilio sin permiso. En caso de hacerlo, se enfrentan a penas de hasta tres meses de cárcel.
Desde su primera llegada al poder en 1996, el Talibán impuso una versión estricta de la sharía que limitó severamente los derechos de las mujeres, prohibiéndoles estudiar, trabajar o desplazarse sin la compañía de un hombre. Tras la intervención estadounidense en 2001, estas restricciones se relajaron, pero con el retorno del grupo al poder en 2021, se reactivaron políticas similares.
El sistema judicial afgano ha aplicado tradicionalmente castigos corporales, especialmente en zonas rurales bajo control talibán. La nueva reforma refuerza estas prácticas al integrarlas de forma oficial en la ley.
Aunque el código prevé un mecanismo legal para denunciar agresiones, los requisitos lo vuelven prácticamente inaccesible: las mujeres deben presentar lesiones graves ante un juez, acudir completamente cubiertas y estar acompañadas por su esposo o tutor masculino, lo que en muchos casos implica depender del propio agresor para iniciar el proceso.
La reforma también introduce un sistema de sanciones diferenciado por nivel social: clero, élite, clase media y clase baja. Mientras los dos primeros grupos solo reciben advertencias o citaciones, la clase media puede enfrentar prisión, y la clase baja está sujeta a castigos físicos directos, que pueden incluir hasta 39 latigazos.
La desigualdad es evidente: un hombre que golpee a su esposa solo sería encarcelado si provoca lesiones visibles, mientras que quienes organicen peleas de perros pueden recibir hasta cinco meses de prisión. Esta disparidad ha causado indignación internacional.
Condena internacional
Organismos defensores de los derechos humanos han denunciado que estas disposiciones institucionalizan la violencia doméstica y profundizan la discriminación contra mujeres y sectores vulnerables. La comunidad internacional recuerda que Afganistán ya ha sido señalado por la ONU por violaciones sistemáticas a los derechos humanos desde el regreso del Talibán al poder.
