La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional en materia de pensiones, con la finalidad de eliminar beneficios desproporcionados que hoy reciben exdirectivos y altos funcionarios del sector público.
La mandataria subrayó que la medida no afectará a trabajadores de base ni a personal con contratos colectivos, como ocurre en Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad. La propuesta está dirigida exclusivamente a quienes ocuparon cargos de alto nivel y actualmente perciben jubilaciones muy superiores al promedio nacional.
Sheinbaum explicó que el nuevo tope sería la mitad del salario del titular del Ejecutivo federal, y puso como ejemplo casos extremos, como una pensión cercana al millón de pesos mensuales que aún se paga a un exfuncionario de Luz y Fuerza.
Desde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se confirmó la existencia de pensiones que rebasan ampliamente los tabuladores oficiales. Su titular, Raquel Buenrostro, detalló que algunas jubilaciones en el sector público llegan a ser hasta 140 veces mayores que el promedio nacional, el cual ronda entre 6,600 y 7,000 pesos mensuales, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Estela Damián, consejera jurídica de Presidencia, explicó que la iniciativa —que será enviada al Senado— busca establecer un límite legal a las pensiones y jubilaciones de altos mandos de confianza en entidades públicas, con el objetivo de promover la austeridad y eliminar privilegios que representan una fuerte carga para las finanzas públicas.
En términos prácticos, la reforma plantea que ninguna pensión de exfuncionarios de alto nivel podrá exceder 50% del sueldo de la persona que encabeza el Ejecutivo federal.