La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, denunció que al menos 60 empresas multinacionales han facilitado recursos y apoyo a Israel durante el conflicto en Gaza, formando parte de lo que calificó como una “economía del genocidio”.
Durante la presentación de su más reciente informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Albanese responsabilizó a Israel de cometer uno de los genocidios más atroces de la era moderna, afirmando que la situación en los territorios ocupados es “apocalíptica”. Según el Ministerio de Salud en Gaza, el número de fallecidos ya asciende a unas 56 mil personas.
La experta exhortó a los Estados a imponer un embargo total de armas y a suspender cualquier tipo de relación comercial con Israel. En su intervención, señaló a compañías de diversos sectores —desde el armamentístico hasta el tecnológico y financiero— de haber colaborado directa o indirectamente con operaciones militares, la expansión de asentamientos ilegales y la vigilancia de la población palestina.
Entre las empresas mencionadas destacan Lockheed Martin, por contratos para proveer aviones de combate F-35 al ejército israelí; IBM, por permitir la recopilación de datos biométricos de palestinos; y Microsoft, por ofrecer tecnología a cárceles y fuerzas de seguridad. También señaló a Caterpillar, Volvo y Hyundai, por contribuir a la demolición de viviendas y tierras para dar paso a asentamientos ilegales, y a plataformas como Booking y Airbnb, por ayudar a normalizar la presencia de colonias en Cisjordania.
Por su parte, la delegación de Israel en Ginebra calificó el informe como infundado, difamatorio y un abuso del cargo por parte de la relatora. Como parte de una política de desacuerdo con el Consejo, el delegado israelí no asistió a la sesión, alegando parcialidad del organismo.
Albanese subrayó que lo denunciado no es una simple lista de empresas, sino un sistema de complicidades, y exigió el fin de las relaciones comerciales con Israel. Además, pidió que las corporaciones involucradas asuman responsabilidades legales y paguen reparaciones al pueblo palestino, instando a la Corte Penal Internacional a actuar contra sus altos ejecutivos.
