La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, oficializó una reforma al Código Penal local mediante un decreto que establece que el delito de extorsión será investigado de oficio y sancionado con penas que oscilarán entre 10 y 15 años de prisión.
Además, las sanciones podrían duplicarse en casos agravantes, como el cobro de préstamos conocidos como «gota a gota» o el secuestro exprés.
Tras la aprobación unánime del dictamen en el Congreso de la Ciudad de México, Brugada compartió en un videomensaje en su cuenta de la red social X que esta reforma representa un importante avance en la lucha contra la extorsión, reforzando los mecanismos legales para garantizar justicia.
El dictamen fue resultado de propuestas presentadas por la propia jefa de Gobierno, la diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI) y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.
“Hoy contamos con más herramientas legales para combatir el delito de extorsión. Esta reforma no solo responde a una exigencia ciudadana, sino que también fortalece la seguridad en nuestra ciudad”, expresó Brugada durante la promulgación del decreto, que entrará en vigor este viernes.
El documento fue suscrito también por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y la Consejera Jurídica, Eréndira Cruzvillegas.
Brugada subrayó que esta modificación está alineada con las recientes reformas del Congreso de la Unión, que incluyó la extorsión en el catálogo de delitos graves.
Como parte de los esfuerzos para erradicar este delito, recordó la habilitación de la línea de atención 55 50 36 3301, donde las víctimas pueden reportar casos sin necesidad de presentar una denuncia formal, ya que las autoridades investigarán de oficio.