Desde la Secretaría de Cultura se dio a conocer oficialmente la iniciativa de la nueva Ley de Cine y Audiovisual, un marco legal que pretende romper con el esquema neoliberal instaurado en 1992 y establecer un blindaje contra el uso indebido de la Inteligencia Artificial en las producciones nacionales.
La titular de la dependencia, Claudia Curiel, explicó que la propuesta prevista para 2026 no es una simple reforma, sino un giro estructural basado en los derechos culturales y en la soberanía creativa, con el objetivo de proteger el talento humano frente al crecimiento sin control de la tecnología generativa.
En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado incentivos y apoyos económicos para fortalecer al cine nacional, así como medidas que obligarían a las plataformas digitales a dar mayor visibilidad a las producciones mexicanas.
Uno de los puntos más innovadores —y controversiales para la industria— es la regulación de la tecnología. Por primera vez se plantea frenar legalmente la clonación de voces sin consentimiento. La iniciativa contempla:
-Reconocimiento jurídico: la voz será considerada una herramienta artística única e irrepetible.
-Consentimiento y pago: quedará prohibido replicar, modificar o generar voces mediante IA sin autorización expresa.
-Fin de la gratuidad: el uso de identidad sonora mediante IA deberá pagarse de forma independiente, aun cuando exista un contrato previo.
La reforma también impacta a los servicios de streaming, imponiendo nuevas reglas a gigantes como Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video.
La ley exigirá que habiliten un espacio exclusivo para cine mexicano dentro de sus interfaces, visible desde la pantalla principal, con el fin de que las producciones nacionales no queden relegadas por los algoritmos de contenido extranjero.
La propuesta también busca saldar una deuda histórica con los actores de doblaje, quienes han trabajado durante años en condiciones de informalidad. Para que la nueva legislación sea efectiva, se reformarán de manera paralela la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Derecho de Autor.
El objetivo es otorgar certeza jurídica, contratos formales y reconocimiento de regalías, cerrando la brecha de precariedad que se profundizó bajo el modelo vigente desde 1992.