A pesar de que diversos estudios han evidenciado que la respuesta a un desastre puede ser entre cuatro y siete veces más cara que su prevención, México asigna el 99% de su presupuesto para la reducción del riesgo de desastres a la atención de emergencias, dejando apenas un 1% para medidas preventivas.
Esta distribución del gasto sitúa al país entre los que menos invierten en prevención dentro de su presupuesto para desastres en la región, de acuerdo con el Informe de Evaluación Regional sobre el Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe (RAR24) de Naciones Unidas.
El informe resalta la escasa inversión en estrategias preventivas y el elevado costo de las respuestas ante emergencias.
En 2023, México enfrentó una de sus peores catástrofes naturales en Acapulco, Guerrero. El huracán Otis, considerado por expertos meteorológicos como un evento inusual, pasó de categoría 1 a 5 en menos de un día.
Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), calificó su rápida intensificación como excepcional, ya que rompió récords históricos. Según estimaciones del gobierno federal, el 80% de los hoteles y el 98.2% de las viviendas en Acapulco resultaron dañados.
Según Nahuel Arenas, jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la UNDRR, las pérdidas económicas anuales esperadas en infraestructura en América Latina superan los 58 mil millones de dólares, sin contar otros impactos como la afectación en empleo, educación y salud.
El informe RAR24, presentado en febrero por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), destaca que, pese a ser la segunda región más vulnerable a desastres en el mundo, América Latina destina menos del 2% de su presupuesto a prevención. Como consecuencia, la mayor parte de los recursos se emplea en atender emergencias y reconstrucción, en lugar de fortalecer las capacidades para mitigar riesgos y evitar tragedias.
Entre 2000 y 2022, la región experimentó 1,534 desastres que afectaron a 190 millones de personas. En casos extremos, como el huracán María en 2017, el costo de recuperación en Dominica alcanzó el 200% de su PIB.
El informe analiza la inversión en reducción del riesgo de desastres de cinco países de la región:
Guatemala: 2.32% de su presupuesto entre 2014 y 2023, de los cuales más del 98% se destinó a la respuesta.
Perú: 1.28%, con 50% para medidas correctivas y 40% para atención de emergencias.
Jamaica: 0.7%.
México: 0.29% del presupuesto nacional, con un 99% dirigido a la respuesta.
Brasil: 0.06%, con más del 70% enfocado en medidas reactivas.
Según Arenas, estos países fueron seleccionados porque, al menos, han tomado la iniciativa de etiquetar su gasto en reducción de riesgos, lo que representa un avance en transparencia.
El informe de la ONU subraya que responder a un desastre es considerablemente más costoso que prevenirlo. La ausencia de sistemas eficaces de alerta temprana y de infraestructuras resilientes agrava el impacto económico. Además, la cobertura de seguros en la región es insuficiente: en los países en desarrollo, solo el 5% de las pérdidas económicas por desastres está asegurado, mientras que en los países desarrollados esta cifra alcanza el 40%.
México contaba con el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), creado en 1996 como un mecanismo financiero para atender emergencias. Sin embargo, en 2021, tras la eliminación de diversos fideicomisos, sus reglas de operación fueron modificadas, reduciendo su capacidad de respuesta.
Este cambio ha generado críticas, ya que limita la posibilidad de atender desastres de manera rápida y eficiente. La falta de un esquema financiero sólido para la prevención y atención de emergencias podría agravar la situación del país, que enfrenta anualmente huracanes, terremotos e inundaciones.
El informe RAR24 enfatiza la urgencia de replantear la gestión del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe. Aumentar la inversión en prevención y fortalecer la resiliencia financiera podrían reducir pérdidas económicas significativas y salvar vidas en una región que cada año enfrenta crisis climáticas y fenómenos naturales de gran magnitud.
Recomendaciones para reducir la vulnerabilidad ante desastres
-Implementar sistemas de alerta temprana multiamenaza, los cuales pueden disminuir el impacto económico en un 30% y reducir la mortalidad hasta ocho veces.
-Reforzar la resiliencia de las finanzas públicas mediante herramientas como los seguros, para mitigar el impacto económico de los desastres.
-Aumentar la inversión en prevención y medidas correctivas, evitando que la mayor parte del presupuesto se destine a acciones reactivas.