Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del cuarto trimestre de 2023, en México hay aproximadamente cuatro millones 156 mil 460 mujeres con hijos que están dispuestas a trabajar pero enfrentan barreras para ingresar al mercado laboral.
El 95% de estas mujeres menciona que su principal impedimento son las responsabilidades domésticas y de cuidado.
Esto contrasta con las 343 mil 598 mujeres con hijos que están clasificadas como desocupadas abiertas, es decir, activamente en búsqueda de empleo.
Por cada mamá buscando activamente trabajo, hay aproximadamente 12 que no pueden ni siquiera buscar uno, mayormente debido a su rol como cuidadoras principales del hogar, como indicó Fernanda García, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
García enfatizó que muchas mujeres que podrían trabajar tienen una red familiar que les permite delegar estas responsabilidades, lo que destaca la necesidad de revisar y redistribuir estos roles como sociedad.
Además, señaló que los indicadores laborales para las mujeres no han mejorado significativamente en las últimas décadas, lo que refleja una persistente desigualdad en la distribución de responsabilidades de cuidado.
También mencionó la falta de evolución en las leyes laborales, como los permisos de paternidad que, aunque fueron introducidos para reconocer la participación de las mujeres en el trabajo, siguen siendo limitados, lo que refuerza estereotipos de género.
García también destacó la necesidad de mayor flexibilidad laboral para las madres, ya que muchos empleos siguen demandando una presencia constante en la oficina, lo que dificulta el equilibrio entre el trabajo y las responsabilidades familiares.
En cuanto a soluciones, mencionó la importancia de programas como las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, que podrían beneficiar especialmente a las mujeres que trabajan en la informalidad y que no cuentan con una red de apoyo familiar.
En resumen, García subrayó la necesidad de avanzar hacia un sistema nacional de cuidados y destacó el papel que pueden desempeñar tanto los gobiernos estatales como las empresas en la implementación de políticas y prácticas que promuevan la equidad de género y la conciliación laboral-familiar.