La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) abrió una investigación administrativa para establecer si servidores públicos, empresas o proveedores incurrieron en faltas u omisiones que pudieron contribuir al descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre y que dejó un saldo de 14 personas fallecidas.
La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro Sánchez, informó que el análisis contempla una revisión minuciosa de los procedimientos vinculados al proyecto ferroviario, con el propósito de detectar eventuales fallas en el cumplimiento de responsabilidades públicas o contractuales relacionadas con su operación.
Explicó que se evalúa que cada proceso se haya realizado conforme a la normatividad y que no existan incumplimientos atribuibles a funcionarios o a empresas participantes. En ese sentido, precisó que, aunque el Tren Interoceánico ya había sido auditado en ejercicios anteriores, tras el accidente se decidió profundizar el nivel de revisión.
Buenrostro detalló que esta etapa no reemplaza auditorías previas, sino que amplía su alcance para examinar con mayor detalle contratos, supervisión, mantenimiento, protocolos de seguridad y posibles responsabilidades administrativas, con el fin de garantizar justicia.
La funcionaria aclaró que la SABG no realiza auditorías forenses, ya que estas corresponden a investigaciones penales; sin embargo, subrayó que las auditorías administrativas pueden detectar irregularidades que, de confirmarse, darían pie a denuncias ante la Fiscalía General de la República para que se inicien los procedimientos penales correspondientes.
Indicó que existen varias auditorías abiertas relacionadas con el Tren Interoceánico, aunque reconoció que el descarrilamiento dio origen a una revisión específica adicional. Actualmente, la dependencia se encuentra en la etapa de recopilación y análisis de información, con datos aportados por distintas autoridades involucradas en la operación y supervisión del proyecto ferroviario.