Una jueza federal de Maryland, Deborah Boardman, emitió una orden judicial preliminar que suspende la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, la cual buscaba eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
La medida, firmada por Trump en su primer día de mandato, tenía como objetivo modificar la interpretación tradicional de la Cláusula de Ciudadanía de la 14.ª Enmienda de la Constitución, limitando la nacionalidad estadounidense solo a los hijos de migrantes en situación legal o con estancia temporal autorizada.
El fallo judicial se produce tras la solicitud de cinco mujeres indocumentadas embarazadas que pidieron una medida cautelar contra la orden. Según su demanda, la acción de Trump viola tanto la Constitución como diversas leyes federales.
El documento judicial advierte que, de entrar en vigor, la orden ejecutiva pondría en duda la ciudadanía de miles de niños en el país, incluyendo a los hijos de las demandantes y otros afectados.
Por su parte, los abogados del Departamento de Justicia defendieron la medida argumentando que busca corregir interpretaciones erróneas de la 14.ª Enmienda y evitar que la ciudadanía por nacimiento incentive la migración irregular. Afirmaron que la historia, el texto constitucional y los precedentes legales respaldan la postura de la administración.
El dictamen de la jueza Boardman se suma al de otro juez federal en Seattle, John Coughenour, quien previamente calificó la orden ejecutiva como «abiertamente inconstitucional» y había impuesto un bloqueo temporal. La nueva decisión podría extender la suspensión de manera indefinida.
Justin Levitt, profesor en la Universidad de Loyola Marymount, explicó a ABC que la audiencia en curso busca prolongar la suspensión de la medida hasta que se dicte una resolución definitiva, ya que los demandantes han demostrado una alta probabilidad de éxito en su reclamo legal.
La administración Trump preparó esta iniciativa durante meses, previendo los desafíos judiciales. El expresidente ya ha manifestado su intención de apelar cualquier fallo en su contra, lo que podría llevar el caso a tribunales de apelación.
Desde la Casa Blanca, se argumentó que la orden tenía como propósito frenar la migración irregular y evitar el uso indebido de los recursos estatales. Sin embargo, las demandantes insisten en que la normativa las afectaría directamente.