El gobierno federal dio a conocer un ambicioso programa de inversión en infraestructura pública y mixta que podría alcanzar hasta 5.9 billones de pesos hacia 2030, como parte del fortalecimiento del Plan México, con el propósito de detonar el crecimiento económico con bienestar, equidad social y desarrollo regional.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, detalló que para el periodo 2026–2030 se prevé una bolsa de 5.6 billones de pesos tras revisar más de 1,500 proyectos de dependencias federales.
Los recursos se canalizarán a ocho sectores estratégicos, donde destaca el energético con 54%, seguido por trenes (16%), carreteras (14%), puertos (6%), salud (6%) y agua (3%), entre otros.
Para 2026, la inversión en infraestructura contemplada en el Presupuesto de Egresos equivale a 2.5% del PIB, a lo que se sumará una inversión adicional de 1.9% del PIB, es decir, 722 mil millones de pesos.
Sheinbaum señaló que el Estado ya destina cerca de un billón de pesos a programas de bienestar y una cantidad similar a inversión pública, la cual se verá reforzada este año con 700 mil millones de pesos adicionales, equivalentes a 2% del PIB. Reiteró que la inversión en carreteras, agua y energía aumentará de forma significativa.
La mandataria recalcó que, a diferencia de modelos anteriores, las nuevas inversiones garantizarán que las concesiones permanezcan bajo control del Estado, con tasas de financiamiento reguladas y sin contratos desventajosos. En el sector eléctrico, recordó que la ley establece una participación de 54% pública y 46% privada.
Como parte del nuevo esquema, Hacienda anunció la creación de un Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, coordinado por la presidenta, que dará seguimiento físico y financiero a los proyectos, priorizará obras y resolverá cuellos de botella administrativos.
Amador subrayó que la estrategia se basa en la inversión pública como motor del desarrollo, pero acompañada de una mejor distribución del ingreso y bienestar social. “No basta con crecer en términos macroeconómicos; el crecimiento debe ir de la mano con justicia”, enfatizó.
El plan incorpora vehículos especializados de inversión en infraestructura, con mecanismos más eficientes y transparentes que las antiguas APP. Para respaldar esta transformación, en las próximas semanas se enviará una iniciativa de ley que armonizará el marco jurídico, formalizará el consejo, los fondos y una base de datos nacional para dar seguimiento público a los proyectos.
El director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, explicó que la inversión mixta permitirá que el Estado defina reglas, comparta riesgos y proteja las finanzas públicas, mientras se mantiene una consolidación fiscal con un déficit estimado de 4.3%.
Finalmente, María del Carmen Bonilla, titular de la Unidad de Crédito Público, destacó que los nuevos esquemas facilitarán la participación de la banca de desarrollo, el mercado bursátil y la banca comercial, con énfasis en planeación de largo plazo, transparencia y certidumbre.