Este 18 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención de Abuso Sexual Infantil, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2022 con el objetivo de crear conciencia sobre la gravedad del abuso sexual infantil y promover medidas preventivas, de protección y recuperación para las víctimas.
Este día pretende sensibilizar y concienciar a la población mundial acerca de la explotación y abusos sexuales a la que son sometidos niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, problemática social alarmante y de grandes dimensiones en todo el orbe.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, se estima que 15 millones de niñas, con edades comprendidas entre los 15 a 19 años de edad, han experimentado sexo forzado en su vida.
Entre los principales factores de riesgo para el abuso sexual infantil se destacan los siguientes:
Entorno familiar disfuncional, baja autoestima en niños y jóvenes, con necesidades de afecto, admiración y aceptación,
Acceso no supervisado a la tecnología y redes sociales, escasas comunicación con sus padres o grupo familiar, amenazas y manipulación por parte de adultos, niños y niñas sin supervisión y problemas de drogadicción, alcoholismo y violencia en el grupo familiar o entorno inmediato.
Por otra parte, en el informe elaborado la UNICEF titulado «25 años de conflictos armados y la infancia: Actuar para proteger a los niños y niñas en la guerra», entre los años 2005 y 2020 se han verificado más de 266 mil violaciones graves contra la infancia, en más de 30 situaciones de conflicto en África, Asia, Oriente Medio y América Latina.
Al respecto, se estiman que más de 104 mil 100 niños y niñas han sido asesinados o mutilados en situaciones de conflicto armado; más de 93 mil niños y niñas han sido reclutados por las partes en conflicto, unos 25 mil 700 niños y niñas han sido secuestrados.
Además se han violado, explotado sexualmente y cometido otras formas graves de violencia sexual contra unos 14 mil 200 niñas y niños.
Por ello, se requiere la aplicación de medidas urgentes de prevención y de protección eficientes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sin discriminación por raza, género, religión o condición socio-económica.