La Comisión de Puntos Constitucionales, con 22 votos favorables de Morena y sus aliados, aprobó en lo general la eliminación de siete organismos autónomos como parte de una reforma constitucional. Esta iniciativa busca centralizar funciones importantes en el gobierno federal y reducir el gasto público, aunque ha generado un intenso debate sobre sus posibles consecuencias.
Entre los organismos que se prevé eliminar están la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), los cuales han desempeñado roles esenciales en la regulación de mercados, telecomunicaciones y la evaluación de políticas públicas.
Además, se afectarían la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), responsables de la supervisión del sector energético en México. También se disolvería el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, encargado de evaluar y proponer mejoras en el ámbito educativo, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), junto con sus contrapartes estatales.
La aprobación de esta reforma ha generado diversas reacciones. Los defensores argumentan que la eliminación de estos organismos autónomos permitirá una gestión más eficiente y económica de las funciones públicas.
Sin embargo, los detractores advierten sobre el peligro de concentrar demasiado poder en el gobierno central, lo que podría comprometer la independencia en la supervisión de áreas clave como la competencia económica, la transparencia y la regulación energética.
Aunque la Comisión de Puntos Constitucionales ya aprobó la iniciativa, aún debe pasar por el proceso de presentación de reservas, en el cual los legisladores podrán sugerir modificaciones. Este paso será determinante para los ajustes que podrían hacerse antes de someter la propuesta a votación en el pleno del Congreso.
La posible eliminación de estos siete organismos autónomos representa un cambio importante en la estructura institucional del país. El destino de estas instituciones dependerá del avance del debate legislativo y de las reservas que se presenten en las próximas etapas del proceso.