La entrega de 29 narcotraficantes a Estados Unidos, incluyendo a Rafael Caro Quintero y a los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, fundadores de Los Zetas, se llevó a cabo debido al riesgo de que fueran liberados por jueces o que el proceso de extradición se prolongara aún más, según informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Durante una conferencia de prensa, García Harfuch explicó que existía la posibilidad de que algunos de los individuos requeridos por el gobierno estadounidense obtuvieran su libertad o continuaran retrasando su extradición gracias a acuerdos judiciales previos que les favorecían.
El titular de la SSPC señaló que los 29 criminales enviados a EUA en respuesta a una solicitud formal de ese país habían cometido delitos graves en México y eran responsables de actos de extrema violencia dentro de sus organizaciones delictivas, representando una amenaza tanto para la seguridad nacional como para el territorio estadounidense.
García Harfuch aseguró que el traslado se efectuó respetando los protocolos institucionales, con la presencia de personal médico y jurídico para garantizar el respeto a los derechos humanos de los detenidos.
Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que no se infringieron suspensiones ni amparos en el envío de los narcotraficantes a EUA, ya que no se trató de un proceso de extradición, sino de un mecanismo distinto basado en la Ley de Seguridad Nacional, específicamente en su artículo 5, el cual permite estas acciones bajo ciertas condiciones.
Gertz Manero enfatizó que no se violaron suspensiones judiciales, ya que el procedimiento utilizado es independiente de estas restricciones legales. Añadió que la solicitud del gobierno estadounidense fue formal y fundamentada, lo que llevó al Consejo Nacional de Seguridad a analizar la situación y concluir que se cumplían los requisitos jurídicos para proceder con la entrega de los detenidos.
Explicó que el proceso fue inmediato: tras recibir la petición oficial de EUA, se convocó al Consejo Nacional de Seguridad, se llevó a cabo un análisis legal y se determinó el traslado, negando que la decisión estuviera relacionada con presiones comerciales o arancelarias por parte del gobierno estadounidense.
Luego de que el Departamento de Estado norteamericano informara que al menos seis de los 29 narcotraficantes, incluido Rafael Caro Quintero, podrían enfrentar la pena de muerte, el titular de la FGR pidió evitar especulaciones, aclarando que la decisión sobre las sanciones corresponde exclusivamente a los jueces encargados de los casos.