Después de un intenso debate entre Morena y sus partidos aliados por un lado, y la oposición por el otro, el Senado aprobó en lo general la primera ley reglamentaria de la reforma judicial, con el objetivo de llevar a cabo la elección popular de jueces, magistrados y ministros el domingo 1 de junio de 2025.
Con 81 votos a favor de Morena, PVEM y PT, y 40 en contra por parte de PAN, PRI y MC, se aprobaron las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) en Materia de Elección de las Personas Juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Después, se procederá a discutir los cambios a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
La senadora de Morena, Olga Patricia Sosa Ruíz, expresó que este nuevo modelo del Poder Judicial ayudará a erradicar la corrupción, la falta de transparencia y la simulación por parte de los jueces en el país.
A pesar de las advertencias de la oposición sobre la necesidad de revisar detenidamente y corregir las inconsistencias de las leyes secundarias de la Reforma Judicial, la sesión comenzó a las 08:45 y se extendió durante la tarde para discutir en lo particular reservas y adiciones a la Legipe. Por la noche, se debatirá la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
La oposición argumentó que abrir la elección de jueces al voto popular podría permitir que, en ciertas regiones, el crimen organizado influya en los resultados electorales.
“Esto ha permitido que el crimen organizado se fije en esta reforma, a la cual nadie se opone, pero no de esta manera”, afirmó el senador del PAN por Aguascalientes, Juan Antonio Martín del Campo.
Por su parte, Ricardo Anaya del PAN, Clemente Castañeda de MC, y Carolina Viggiano del PRI, señalaron que las modificaciones a estas leyes buscan concentrar el poder y establecer una autocracia por parte del partido gobernante.
Morena mantuvo los cambios a las dos leyes en el dictamen aprobado, lo que otorga a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, la facultad de designar a los principales funcionarios de las áreas ejecutivas encargadas de la elección de jueces y de las elecciones federales.
Además, se adelantó la eliminación de una reserva a las reformas de las leyes secundarias, que según los senadores opositores, permitiría a Morena imponer un veto a los candidatos a jueces, magistrados y ministros que no fueran de su agrado.