El gobernador de Texas, Greg Abbott, publicó el lunes por la noche en X que “impondría un arancel del 100 por ciento” a los residentes de Nueva York que se trasladen a su estado. “Después de que cierren las urnas mañana por la noche, impondré un arancel del 100% a cualquiera que se mude a Texas desde Nueva York”, escribió el republicano, en referencia a las elecciones municipales de la ciudad de Nueva York, donde el demócrata Zohran Mamdani se perfila como favorito sobre el independiente Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa.
No obstante, los expertos aclaran que los estados estadounidenses no tienen autoridad para establecer aranceles. En primer lugar, estos gravan bienes, no personas; además, la Constitución prohíbe que los estados impongan impuestos o derechos sobre importaciones o exportaciones sin aprobación del Congreso (Art. I, Sec. 10). Asimismo, la llamada Cláusula de Comercio Inactivo impide regulaciones estatales que discriminen o entorpezcan el comercio interestatal.
La Corte Suprema también ha protegido el derecho constitucional a viajar y establecer residencia en cualquier estado, limitando de forma estricta cualquier intento de sancionar la migración interna. Casos como Saenz v. Roe (1999) y Shapiro v. Thompson (1969) respaldan esa interpretación, y fallos recientes refuerzan que los estados no pueden interferir con ese derecho fundamental.
La publicación de Abbott se difundió casi al mismo tiempo que el expresidente Donald Trump lanzó nuevas críticas contra Mamdani, a quien calificó de “extremista”.
Juristas coinciden en que cualquier intento de imponer cargos administrativos a nuevos residentes enfrentaría de inmediato demandas por discriminación y violación de la libre circulación entre estados. De hecho, la jurisprudencia de la Cláusula de Comercio Inactivo, como en el caso Granholm v. Heald sobre el comercio interestatal de vino, ha invalidado repetidamente leyes estatales que favorecen a los residentes locales frente a los foráneos.
Por otro lado, fallos federales recientes (2024 y 2025) han reafirmado que los estados tampoco pueden castigar a individuos u organizaciones que ayuden a otras personas a desplazarse a otro estado para ejercer derechos legalmente reconocidos, al amparo tanto del derecho a viajar como de la libertad de expresión.
