Después de las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la reforma judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo acusó de injerencismo, y la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una queja formal a la embajada estadounidense debido a las palabras del diplomático.
Durante su conferencia matutina, López Obrador calificó las declaraciones de Salazar como imprudentes e inapropiadas, luego de que el embajador advirtiera que la elección directa de jueces mediante voto popular, como propone la reforma, podría no solo poner en peligro la democracia en México, sino también afectar la relación económica entre Estados Unidos y México.
El presidente reiteró que su gobierno no acepta intervenciones extranjeras en asuntos que solo competen a los mexicanos.
En respuesta, la cancillería mexicana expresó en la nota de extrañamiento que las declaraciones de Salazar constituyen una «inaceptable injerencia» que contradice la soberanía de México y no refleja el respeto mutuo que debería caracterizar la relación entre ambos países.
Además de Salazar, el embajador de Canadá, Graeme Clark, también manifestó la preocupación de su país por la reforma judicial, señalando que los inversionistas canadienses desean estabilidad y están inquietos por las posibles implicaciones de la reforma en el Congreso en septiembre.
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