El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reconoció deficiencias en la prevención y la respuesta policial ante los disturbios registrados durante el fin de semana, luego de una multitudinaria protesta contra el encarecimiento de la vida que derivó en saqueos, incendios y enfrentamientos en varias ciudades del país.
Los actos violentos dejaron cientos de comercios saqueados, vehículos incendiados y edificios públicos dañados, entre ellos los ayuntamientos de Limoges y Marsella. De acuerdo con las autoridades, los enfrentamientos provocaron más de 2 mil 500 detenciones y alrededor de mil integrantes de las fuerzas de seguridad heridos.
Ante la crisis, Macron pidió al ministro del Interior, Laurent Nuñez, implementar nuevas estrategias operativas para frenar los saqueos y las barricadas, aunque descartó su renuncia. Por su parte, el titular de Justicia, Gérald Darmanin, admitió fallas en la actuación gubernamental y atribuyó parte de la violencia a grupos de extrema izquierda.
La respuesta del mandatario, quien el domingo ofreció un mensaje televisado para advertir que los responsables de los disturbios enfrentarán consecuencias legales, no logró disipar las críticas. Los manifestantes reclaman medidas frente al aumento del costo de vida y mayores recursos para los centros educativos, mientras distintos sectores cuestionan que el gobierno no haya anticipado la magnitud de las movilizaciones.
La tensión también alcanzó al ámbito económico. La Bolsa de París registró una caída de 1.23 por ciento, en medio de la preocupación por el endeudamiento del país y los planes gubernamentales de ajuste fiscal por 54 mil millones de euros para el presupuesto de 2027. Analistas advirtieron que la inestabilidad social podría afectar la confianza de los inversionistas en la deuda francesa, mientras se anunciaron nuevas movilizaciones para el próximo sábado.
