Meta, empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, habría acordado pagar 16 mil 680 millones de dólares a varios estados de Estados Unidos para poner fin a un proceso judicial en el que se le acusa de fomentar la dependencia de menores hacia sus plataformas. El acuerdo todavía requiere la aprobación de un juez federal de Oakland, California, e incluye modificaciones para reforzar los controles y restricciones dirigidos a usuarios jóvenes.
La demanda fue promovida por una coalición de 29 estados, que señala a Meta de haber desarrollado herramientas para mantener enganchados a niños y adolescentes, además de cuestionar la forma en que se recopilan sus datos. Las autoridades habían planteado sanciones de hasta 200 mil millones de dólares, monto que podría representar un fuerte golpe para el modelo comercial de la compañía y para el sector tecnológico.
Durante el juicio, el responsable de Instagram, Adam Mosseri, reconoció que algunas funciones diseñadas para reducir el tiempo de uso tuvieron una adopción muy limitada. Entre ellas están “Take a Break”, lanzada en 2021 para recordar a los usuarios que dejaran de desplazarse, y “Quiet Mode”, presentada en 2023 para silenciar notificaciones durante la noche.
Documentos internos mostraron que apenas 1.8% de los usuarios utilizó la primera herramienta, mientras que la segunda alcanzó 8.7%. Mosseri admitió que Meta no hizo públicas esas cifras y que ambas funciones debían activarse manualmente.
Exempleados de la compañía cuestionaron también su efectividad. El exdirector de ingeniería Arturo Béjar sostuvo que “Take a Break” prácticamente estaba destinada a no funcionar, mientras que el científico de datos George Volichenko afirmó que los directivos conocían los bajos niveles de adopción y no impulsaron que las herramientas se activaran automáticamente.
Según los testimonios, establecer estos controles como configuración predeterminada habría reducido considerablemente la interacción de los usuarios, algo que podía afectar los ingresos publicitarios de Meta. Las declaraciones reforzaron las acusaciones de que la empresa habría colocado el tiempo de permanencia y la participación en sus aplicaciones por encima de las medidas de protección para menores.
