La decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de aplicar una prueba de control presencial a cerca de 58 mil aspirantes, luego de haber publicado el pasado 17 de julio los resultados del examen de admisión en línea, derivó en una acción legal por parte de estudiantes inconformes.
Un grupo de aspirantes, representados por el abogado Daniel Reyes, alista un amparo indirecto colectivo que será presentado ante juzgados federales en materia administrativa de la Ciudad de México. En el recurso se señala como responsables al rector Leonardo Lomelí Vanegas, al Consejo Universitario, a la Comisión Técnica encabezada por Eduardo Bárzana García, al Colegio de Directoras y Directores, así como a la Dirección General de Administración Escolar y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la máxima casa de estudios.
Los promoventes sostienen que la determinación vulnera derechos como la seguridad jurídica, el debido proceso, la garantía de audiencia y el acceso equitativo a la educación superior. Argumentan que la Universidad estaría dejando sin efecto resultados que ya fueron publicados oficialmente e incluso notificados a algunos aspirantes mediante avisos de selección.
Además, consideran que ordenar una nueva evaluación para todos los aspirantes implica asumir, sin un procedimiento individual, que existen irregularidades en los resultados obtenidos, pese a que el examen virtual fue diseñado, aplicado y validado por la propia institución.
El proyecto de demanda también señala que la medida resulta excesiva, ya que, si la intención es corroborar el nivel académico de los estudiantes, la UNAM dispone de otros mecanismos de evaluación durante el desarrollo de la licenciatura, como el desempeño en el primer semestre.
Con el amparo, los estudiantes solicitarán a un juez federal conceder la suspensión provisional y posteriormente definitiva de la medida, con el propósito de evitar que los promoventes tengan que presentar el examen presencial mientras se resuelve el juicio. Aseguran que existe urgencia, ya que la aplicación de la nueva prueba podría retrasar su ingreso al ciclo escolar 2026-2027 y ocasionar afectaciones difíciles de reparar.