El gobierno de Estados Unidos intensificó su estrategia contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al imponer sanciones económicas a más de 50 personas físicas y empresas mexicanas presuntamente relacionadas con actividades de narcotráfico, lavado de dinero y apoyo a la estructura financiera del grupo criminal.
La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, como parte de una ofensiva para afectar las fuentes de financiamiento de la organización. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración del presidente Donald Trump mantiene el compromiso de desarticular a los cárteles, bloqueando los recursos que utilizan para el tráfico de fentanilo y otras actividades ilícitas.
Entre los principales señalados se encuentra Juan Carlos González, conocido como «El Pelón», quien posee nacionalidad mexicana y estadounidense y es identificado por las autoridades como el actual dirigente del CJNG tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, «El Mencho», ocurrida en febrero de 2026. Además de enfrentar cargos federales por narcotráfico en Estados Unidos, el Departamento de Estado mantiene una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita su captura.
La OFAC también identificó una red de familiares y colaboradores cercanos que, presuntamente, administran bienes y empresas utilizadas para ocultar recursos obtenidos de manera ilícita. Entre ellos destaca la estructura vinculada a Audias Flores Silva, alias «Jardinero», la cual, según las autoridades estadounidenses, continúa operando en diversos estados del país pese a la detención de su líder en abril pasado.
Las investigaciones señalan que el CJNG habría utilizado negocios en sectores como estaciones de servicio, comercialización de bebidas alcohólicas, industria textil y actividades agroindustriales para lavar dinero y fortalecer su presencia en distintas regiones.
Asimismo, fueron sancionados Gerardo Botello Rodríguez, alias «El Cachas», varios de sus familiares y empresas presuntamente relacionadas con la organización, incluidas compañías dedicadas a la fabricación de calzado infantil, servicios de seguridad privada y producción de tequila.
Las acciones fueron ejecutadas con base en las órdenes ejecutivas 14059, enfocada en combatir el tráfico internacional de drogas, y 13224, utilizada para sancionar a organizaciones consideradas terroristas y a quienes les brindan apoyo.
El Departamento del Tesoro informó que la operación fue resultado de la colaboración entre diversas agencias estadounidenses, como el FBI, la DEA y Homeland Security Investigations (HSI), además del intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
Con este nuevo paquete de sanciones, Washington busca debilitar la capacidad económica del CJNG al afectar tanto a sus principales operadores como a la red empresarial y financiera que, de acuerdo con las investigaciones, sostiene sus actividades ilícitas.