El gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa una nueva Ley de Aguas que pretende garantizar un acceso más equitativo al recurso y terminar con prácticas de acaparamiento, especulación y uso ilegal que se consolidaron en años anteriores. La reforma elimina la transferencia de concesiones entre particulares, mecanismo que permitió la formación de un “mercado negro del agua” y que impedía que usuarios legítimos obtuvieran el recurso.
La mandataria también señaló irregularidades cometidas por empresas refresqueras, embotelladoras y por familiares del exgobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, así como del diputado priista Mario Calzada Mercado, quienes habrían hecho mal uso de concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua.
El director de la dependencia, Efraín Morales López, explicó que anteriormente concesiones agrícolas se transferían a usos industriales o inmobiliarios, generando grandes ganancias. Con la nueva ley, estas prácticas podrán sancionarse con multas de hasta 3.5 millones de pesos y penas de hasta cinco años de prisión.
Además, se detectaron adeudos e irregularidades en empresas del sector, con un monto presunto cercano a 12 mil millones de pesos. La aplicación de la nueva normativa ya permitió aumentar la recaudación en 2025 y realizar más de 7 mil inspecciones, que derivaron en más de mil clausuras por uso ilegal del agua.