México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para regular la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, en apego al Tratado de Aguas de 1944. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se trata de un plan técnico que define una ruta clara mediante los mecanismos previstos en dicho instrumento internacional.
Funcionarios estadounidenses señalaron que, durante las mesas de trabajo, México se comprometió a entregar un volumen mínimo anual de 432 millones de metros cúbicos de agua. El acuerdo fue dado a conocer a través de una declaración conjunta del secretario de Estado, Marco Rubio, y de la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins.
Rubio agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por los “esfuerzos constantes” para destrabar una situación que llegó a tensar la relación bilateral, luego de que el presidente Donald Trump amenazara con imponer aranceles a productos mexicanos. En una publicación en X, el funcionario afirmó que este pacto representa “una victoria para los agricultores y ganaderos de Estados Unidos”.
La SRE precisó que México refrendó su disposición a cumplir con una entrega mínima anual, sujeta a las condiciones hidrológicas de la cuenca, y priorizando el uso del agua para consumo humano y producción agrícola, conforme a lo establecido en el tratado.
Según la cancillería, el entendimiento permitirá fortalecer una administración más ordenada del recurso hídrico y avanzar hacia una planeación con mayor previsibilidad, así como a una responsabilidad compartida frente a los efectos de la sequía, incorporando infraestructura y acciones de adaptación a largo plazo.
El gobierno de México reiteró su compromiso con el Tratado de Aguas de 1944, al considerarlo un instrumento que protege los intereses nacionales y las actividades productivas y agrícolas del país.
Este tratado regula la distribución de los ríos fronterizos, en especial el Río Bravo, estableciendo obligaciones de entrega de agua para ambas naciones en periodos definidos.
Debido a la sequía y a los bajos niveles de las presas, México había tenido dificultades para cumplir con sus compromisos, lo que derivó en la amenaza de un arancel adicional del 5% por parte de Estados Unidos. Sin embargo, tras una serie de mesas de diálogo, ambos países lograron este acuerdo, anunciado el martes 3 de febrero.