El gobierno de España anunció su intención de impedir el acceso a redes sociales a menores de 16 años y de promover una nueva ley que haga responsables de manera personal a los altos directivos de estas plataformas por el contenido ilegal y de odio que se difunda en ellas.
El primer ministro, Pedro Sánchez, explicó que la iniciativa busca frenar los efectos negativos que el entorno digital tiene en el desarrollo y la salud mental de niños y adolescentes.
La propuesta coloca a España junto a países como Francia y Reino Unido, que analizan medidas similares, y sigue el precedente de Australia, que en diciembre se convirtió en el primer país en vetar las redes sociales a menores de 16 años. A nivel global, autoridades y reguladores observan con preocupación el tiempo de exposición a pantallas y sus consecuencias en la infancia.
Durante su participación en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, Sánchez afirmó que los menores están expuestos a un entorno que no debería ser transitado sin protección y llamó a otros países europeos a sumarse. Señaló que su país integra una alianza con otras cinco naciones, denominada “Coalición de los dispuestos digitalmente”, para coordinar la regulación transfronteriza.
El mandatario también reiteró sus críticas a los propietarios de grandes plataformas, a quienes ha calificado como una “casta tecnológica” que, mediante algoritmos, contribuye a la desinformación y al deterioro del debate público.
En este contexto, la reciente proliferación de contenidos generados por inteligencia artificial, incluidos casos de imágenes sexuales no consentidas, ha intensificado la presión para reforzar la legislación.
La iniciativa incluirá mecanismos para rastrear el discurso de odio en línea, exigir sistemas reales de verificación de edad y castigar la manipulación algorítmica que amplifique contenido ilegal. Además, fiscales evaluarán posibles infracciones por parte de plataformas como TikTok, Instagram y el chatbot Grok.
Las medidas se incorporarán a una reforma de la ley de protección digital de menores que actualmente se discute en el Parlamento. Aunque sectores de la oposición, como el partido Vox, acusan al gobierno de intentar censurar, una encuesta de Ipsos revela que más del 80% de los españoles apoya restricciones al uso de redes sociales en menores, lo que respalda el impulso de esta política.
