Los países de la Unión Europea aprobaron este lunes un endurecimiento de sus políticas migratorias, que incluye la posibilidad de establecer “centros de retorno” fuera del territorio comunitario, en un contexto marcado por el crecimiento de partidos de derecha y extrema derecha.
Las propuestas, impulsadas por la Comisión Europea, buscan reforzar el control de las llegadas y agilizar las expulsiones de migrantes. Durante su encuentro en Bruselas, los ministros del Interior de los 27 miembros dieron el primer paso para avalar estas medidas, aunque aún deberán ser validadas por el Parlamento Europeo antes de su entrada en vigor.
El paquete contempla la creación de instalaciones fuera de las fronteras del bloque para enviar a quienes hayan recibido una negativa en su solicitud de asilo, además de imponer sanciones más estrictas a quienes se nieguen a abandonar territorio europeo.
También se abre la puerta a trasladar migrantes a terceros países considerados “seguros”, aunque no sean sus lugares de origen. Pese a que las entradas irregulares han disminuido un 20% en el último año, la presión política para actuar en este ámbito continúa aumentando.
“El mensaje debe ser claro: debemos demostrar a los ciudadanos que existe control”, afirmó el comisario europeo Magnus Brunner, uno de los principales impulsores del giro restrictivo.
Las nuevas propuestas han generado rechazo entre grupos de izquierda y organizaciones pro migrantes, que denuncian violaciones a los derechos humanos.
En opinión de Silvia Carta, de la ONG PICUM, la UE opta por políticas que incrementarán la vulnerabilidad y la inseguridad jurídica de miles de personas, en vez de apostar por mayor protección e inclusión.
Dinamarca, que preside actualmente el Consejo de la UE, ha promovido estas iniciativas con fuerte respaldo político. No obstante, algunas naciones han expresado reservas. España duda de la eficacia de los “centros de retorno”, mientras que Francia cuestiona la legalidad de varias disposiciones. Aun así, ambos gobiernos reconocen tener cada vez menos margen para oponerse.
El impulso de estas medidas también proviene del reciente acuerdo entre parlamentarios de derecha y extrema derecha, quienes buscan su adopción definitiva a inicios del próximo año.
Los Estados miembros aprobaron igualmente un mecanismo de distribución de solicitantes de asilo para aliviar la presión de países como Italia y Grecia. Bajo este esquema, las naciones que no acepten recibir a una parte de estas personas deberán contribuir con 20.000 euros por solicitante, destinados a apoyar a los países más afectados.
