El ejército de Madagascar asumió el control del país africano luego de que el presidente Andry Rajoelina abandonara la isla durante una jornada marcada por enfrentamientos entre manifestantes, en su mayoría jóvenes, y fuerzas de seguridad.
“Hemos tomado el poder”, declaró en la radio nacional el coronel Michael Randrianirina, líder de un motín militar que se unió a las protestas antigubernamentales encabezadas por la Generación Z. El militar anunció la disolución de todas las instituciones del Estado, con excepción de la Asamblea Nacional, que poco antes había votado la destitución del mandatario.
En medio de la crisis, Rajoelina intentó disolver el parlamento por decreto, pero finalmente huyó del país a bordo de un avión militar francés, según confirmaron fuentes de la oposición, del ejército y diplomáticas. Aunque el presidente aseguró haberse trasladado a un lugar seguro por amenazas de muerte, su salida coincidió con el aumento de las deserciones dentro de las fuerzas armadas y semanas de manifestaciones que exigían su renuncia.
Las protestas comenzaron el 25 de septiembre por la escasez de agua y electricidad, pero pronto derivaron en un movimiento masivo contra la corrupción, el mal gobierno y la falta de servicios básicos. En la Plaza 13 de Mayo de Antananarivo, miles de manifestantes marcharon y corearon consignas contra Rajoelina, a quien acusan de ser un “títere francés” debido a su doble nacionalidad y vínculos con París.
Durante las manifestaciones, Randrianirina apareció ante la multitud preguntando si estaban dispuestos a aceptar un golpe militar, lo que fue recibido con vítores. Días antes, la unidad de élite CAPSAT —que en 2009 había apoyado a Rajoelina en su ascenso al poder— anunció su apoyo a los manifestantes, negándose a reprimirlos. La gendarmería y la policía también se sumaron a la desobediencia.
El presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a respetar el orden constitucional y advirtió que las demandas de los jóvenes no deberían ser aprovechadas por sectores militares.
Madagascar, con una población cercana a los 30 millones de personas —tres cuartas partes viviendo en la pobreza—, enfrenta una profunda crisis política y económica. De acuerdo con el Banco Mundial, su PIB per cápita ha caído un 45% desde la independencia en 1960 hasta 2020.
