Tras más de 18 horas de audiencia en los juzgados federales del Altiplano, un juez de control resolvió vincular a proceso al vicealmirante Manuel Roberto Farías y a nueve elementos de la Secretaría de Marina, acusados de formar parte de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados habrían permitido la entrada ilegal de millones de litros de diésel al país, encubiertos como “aditivos”, esquema conocido como huachicol fiscal.
El juez consideró que existen pruebas suficientes para presumir la existencia de una red con gran capacidad económica y de corrupción, con operaciones en Tamaulipas, Colima, Sinaloa y la Ciudad de México. La FGR señaló que esta estructura contaba con el respaldo de civiles y de miembros de las Fuerzas Armadas, tanto activos como retirados.
Durante la diligencia, la acusación se reclasificó como delincuencia organizada para realizar operaciones ilícitas en materia de hidrocarburos. En el caso del vicealmirante, se le atribuye un rol de liderazgo, ya que presuntamente validaba los perfiles que operaban en la red. Otros señalados, identificados como Clímaco “N” y Humberto “N”, habrían intervenido en designaciones de personal en aduanas y recibido sobornos.
Los demás acusados –Sergio “N”, Carlos “N”, Fernando “N”, Erendia “N”, Perla “N”, Anatalia “N” e Israel “N”– son señalados por simular inspecciones en buquetanques, manipular cámaras de seguridad y alterar muestras de combustible.
Entre las pruebas figura un manuscrito de Rubén Guerrero Alcántara, asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, donde denunciaba estas operaciones. Asimismo, testigos protegidos identificados como “Santo”, “JH” y “HRV” declararon sobre el ingreso irregular de al menos 32 embarcaciones con diésel entre 2024 y 2025.
El juez fijó seis meses para la investigación complementaria y ordenó prisión preventiva justificada para los diez marinos, quienes permanecerán en un penal federal durante el proceso.