
La situación en Nepal se agravó esta semana tras la decisión del gobierno de bloquear redes sociales y la posterior ola de manifestaciones lideradas principalmente por jóvenes.
En medio de los disturbios, Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, perdió la vida luego de que manifestantes incendiaran su residencia en Katmandú. Aunque fue trasladada al hospital en estado crítico, no logró sobrevivir a las heridas.
El ministro de Finanzas también fue agredido por la multitud y arrojado a un río y fueron incendiados, además, las residencias del expresidente Sher Bahadur Deuba, del actual mandatario Ram Chandra Poudel, del propio Lekhak y del líder maoísta Pushpa Kamal Dahal. También fue incendiada una escuela privada propiedad de Arzu Deuba Rana, ministra de Relaciones Exteriores.
El descontento comenzó con la decisión del gobierno de bloquear plataformas no registradas ante el regulador, como Facebook, YouTube, X y LinkedIn. Aunque la restricción fue levantada tras afectar a 26 servicios, la medida detonó un descontento que rápidamente se trasladó a las calles.
El lunes, los enfrentamientos dejaron al menos 19 muertos y cerca de 500 heridos, de acuerdo con reportes preliminares. Amnistía Internacional denunció que las fuerzas de seguridad utilizaron armas de fuego para dispersar a los manifestantes.
Ante la presión política y social, el primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli presentó su renuncia el martes, señalando que buscaba “abrir paso a una salida política”.
Pese al toque de queda en Katmandú, grupos de jóvenes continuaron atacando edificios oficiales. El Parlamento fue incendiado por cientos de manifestantes, según confirmaron autoridades legislativas. También se registraron asaltos al complejo gubernamental de Singha Durbar y el incendio de la residencia del propio primer ministro.
El bloqueo digital fue el detonante de un descontento acumulado por meses. El gobierno justificó la medida alegando que las plataformas no cumplieron con los requisitos de registro, pero la censura digital terminó por movilizar a una sociedad joven —casi la mitad de la población tiene entre 15 y 40 años—, que encontró en las protestas una vía para expresar frustraciones más profundas.
En distintos barrios de la capital se reportaron bloqueos, quema de neumáticos y enfrentamientos con la policía. El alto número de víctimas intensificó las críticas hacia el uso de la fuerza y la responsabilidad política del gobierno saliente. Organizaciones internacionales exigieron investigaciones independientes.
Oli, quien asumió un cuarto mandato en 2024 tras un pacto entre el CPN-UML y el Congreso Nepalí, impulsaba una agenda de orden y reformas administrativas. Sin embargo, la percepción de corrupción, el débil crecimiento económico y un desempleo cercano al 10% erosionaron su respaldo.
Con un PIB per cápita de apenas 1,447 dólares y una historia reciente marcada por guerra civil e inestabilidad política, el escenario para Nepal sigue siendo complejo. Tras la renuncia del primer ministro, la coalición gobernante deberá redefinir liderazgos y avanzar en reformas, mientras el manejo de las plataformas digitales será una de las pruebas inmediatas para el próximo gobierno.