Por primera vez en la historia política de Colombia, un expresidente ha sido declarado culpable por la justicia ordinaria mientras aún está con vida. Álvaro Uribe Vélez fue hallado responsable del delito de soborno en actuación penal, en el proceso relacionado con presuntas presiones ejercidas sobre el testigo Juan Guillermo Monsalve. La jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, desde los juzgados de Paloquemao, dictó el fallo que marca un hito en el país.
El juicio se extendió por más de cinco meses, con audiencias públicas en las que la Fiscalía General de la Nación presentó como principales evidencias grabaciones, interceptaciones telefónicas y testimonios que demostraban que el abogado de Uribe, Diego Cadena, ofreció incentivos a Monsalve a cambio de que modificara su declaración respecto a la presunta vinculación del exmandatario con grupos paramilitares.
Durante la lectura del fallo, la jueza Heredia aseguró que “el soborno ha quedado plenamente acreditado”, y describió una “conducta dolosa y reiterada” destinada a manipular una investigación judicial. El origen del caso se remonta a 2012, cuando el entonces senador Iván Cepeda presentó pruebas que señalaban a Uribe como uno de los fundadores del Bloque Metro, una agrupación paramilitar que operó en Antioquia. En respuesta, la defensa de Uribe acusó a Cepeda de manipular testigos, lo que derivó en una contra-investigación que terminó involucrando al propio expresidente.
Aunque la sentencia aún no es definitiva, la defensa de Uribe tiene un plazo de cinco días hábiles para presentar una apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. Si la condena se ratifica en segunda instancia, Uribe podría recibir una pena de entre seis y doce años de prisión, posiblemente en arresto domiciliario por su edad y estado de salud.
La decisión ha generado un gran impacto en la escena política colombiana. Numerosas figuras del ámbito institucional y de la sociedad civil han calificado el fallo como “histórico”, al representar un precedente donde la justicia alcanza a uno de los más altos exponentes del poder político. Para muchos, el caso simboliza un cambio en los límites entre poder, impunidad y rendición de cuentas.
El presidente Gustavo Petro, al ser consultado por los medios, afirmó que su deber es “proteger las decisiones judiciales” y subrayó que el Estado de Derecho debe prevalecer sobre cualquier figura individual.
Hasta el momento, el expresidente Uribe no ha emitido declaraciones, aunque se espera una reacción oficial en breve. Por su parte, simpatizantes del uribismo rechazaron el veredicto, calificándolo como parte de una persecución política.