La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, anunció el congelamiento de las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, quien es señalado como presunto líder del grupo delictivo conocido como La Barredora.
Según un comunicado oficial, la UIF tomó esta decisión en ejercicio de sus atribuciones legales y como parte de sus esfuerzos continuos para combatir delitos financieros como el lavado de dinero, la corrupción y la utilización de recursos de procedencia ilícita. En ese marco, se procedió al bloqueo de activos pertenecientes tanto a personas físicas como morales ante sospechas fundadas de actividades ilícitas.
Asimismo, se congelaron cuentas bancarias vinculadas a empresas relacionadas con Bermúdez Requena, así como las de socios y familiares cercanos. Por su parte, la Secretaría de Gobernación ordenó la suspensión de operaciones de otras compañías, principalmente en el ramo de juegos y apuestas, que también estarían ligadas a allegados del exfuncionario.
Estas acciones derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, movimientos bancarios atípicos y presuntos vínculos con esquemas de evasión fiscal, de acuerdo con lo señalado por las autoridades federales.
Hernán Bermúdez Requena fue designado como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco en 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López. Sin embargo, en 2022, los llamados Guacamaya Leaks —una filtración masiva de documentos por parte de un grupo de hackers— revelaron un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que lo vinculaba con la organización criminal La Barredora.
Según dicho reporte, el exfuncionario era conocido con el alias de “Comandante H” y desempeñaba un papel clave dentro del grupo, aprovechando su posición en el gobierno estatal para facilitar sus operaciones, principalmente relacionadas con el robo de combustible y la extorsión.
A pesar de las acusaciones, Bermúdez Requena rechazó cualquier vínculo con actividades delictivas y permaneció en el cargo hasta enero de 2024, cuando renunció en medio de una ola de violencia en la entidad. Tras su salida, el actual gobernador Javier May señaló que el exfuncionario debía responder ante las acusaciones y cuestionó la decisión de administraciones anteriores de mantenerlo al frente de la seguridad estatal.