
La Franja de Gaza atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de los últimos tiempos. Desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023 hasta mediados de 2025, más de 57 mil palestinos han perdido la vida, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud de Gaza —bajo administración de Hamas— y validados por organismos internacionales como la ONU, Médicos Sin Fronteras (MSF) y Human Rights Watch.
Según la más reciente información de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) y el medio Al Jazeera, al menos el 70 % de las personas fallecidas en Gaza eran civiles. Esto representa alrededor de 40 mil personas que no participaron en acciones bélicas.
Entre las víctimas mortales se cuentan más de 14 mil 500 menores de edad y unas 9 mil 600 mujeres. UNICEF ha advertido que la Franja de Gaza se ha convertido en el lugar más peligroso del planeta para los niños.
Además, más de 135 mil personas han resultado heridas o han quedado con discapacidades permanentes, situación que ha sobrepasado al sistema de salud, el cual opera en condiciones críticas debido a los bombardeos y al bloqueo de suministros médicos.
La ofensiva militar israelí ha consistido en ataques aéreos, operaciones terrestres y el uso de artillería. Según Amnistía Internacional, muchos de estos ataques se han dirigido a áreas densamente pobladas, sin diferenciar entre objetivos militares y civiles.
Reportes de medios como The Guardian, Reuters y Al Jazeera han documentado la destrucción total de vecindarios, incluidas infraestructuras esenciales como escuelas, hospitales, mezquitas y refugios administrados por la ONU.
Uno de los casos más impactantes fue la destrucción del hospital Al-Shifa, uno de los centros de salud más importantes del enclave, como resultado de una operación militar israelí. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 60 % de los centros médicos en Gaza están fuera de funcionamiento.
Las condiciones de vida en Gaza son extremadamente precarias. Más del 80 % de la población ha sido desplazada internamente y enfrenta escasez total de servicios básicos como agua potable, alimentos y electricidad. Tanto la Corte Penal Internacional como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU coinciden en que Israel podría estar incurriendo en crímenes de guerra y actos de genocidio, según lo establecido en la Convención de Ginebra.
Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, ha señalado que «el patrón de ataques, el cerco absoluto y la falta de asistencia humanitaria configuran un escenario compatible con la definición legal de genocidio».