La Corte Suprema de Estados Unidos limitó este viernes la autoridad de los jueces federales para otorgar medidas judiciales amplias, en el contexto de un caso relacionado con el intento del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento. El alto tribunal ordenó a tribunales inferiores que revisen el alcance de las órdenes que bloquearon esa política.
El fallo, con una votación de 6 a 3 y redactado por la jueza conservadora Amy Coney Barrett, no permitió que la medida de Trump entrara en vigor de inmediato ni se pronunció sobre su constitucionalidad. No obstante, accedió a la petición del gobierno de Trump de reducir el alcance de tres suspensiones emitidas por jueces federales en Maryland, Massachusetts y Washington, las cuales frenaron temporalmente la implementación de su orden mientras se resolvía el litigio correspondiente.
La decisión de la mayoría conservadora de la Corte también indicó que la orden ejecutiva no podrá aplicarse sino hasta 30 días después del fallo.
“La responsabilidad del Poder Ejecutivo es cumplir la ley. Sin embargo, el Poder Judicial no tiene plena autoridad para exigir su cumplimiento; incluso, en ocasiones, la ley se lo prohíbe”, señaló la jueza Barrett en el dictamen.
Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor, acompañada por los otros dos magistrados liberales, expresó su desacuerdo. En su opinión, la Corte ignoró por completo la posible inconstitucionalidad de la orden de Trump, enfocándose únicamente en si los tribunales pueden emitir órdenes judiciales de aplicación general. Según Sotomayor, lo ilegal de la medida subraya la necesidad de permitir remedios judiciales amplios en casos de este tipo.
Trump celebró la resolución a través de redes sociales, calificándola como una “GRAN VICTORIA” en Truth Social. Tras asumir nuevamente la presidencia, firmó una orden ejecutiva que instruye a las agencias federales a no otorgar ciudadanía a bebés nacidos en EE.UU. si sus padres no son ciudadanos ni residentes permanentes legales (es decir, sin “green card”).
De acuerdo con quienes impugnaron la medida —entre ellos, fiscales generales de 22 estados y organizaciones defensoras de migrantes— más de 150 mil recién nacidos podrían verse afectados cada año. El gobierno argumentó ante la Corte que los jueces federales no deberían tener facultades para emitir mandatos de alcance nacional, y pidió que se permitiera aplicar la directiva sin que se valorara su legalidad de fondo.
