Tras más de siete horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Con 324 votos a favor y 117 en contra, se avaló esta legislación que permite a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional tener acceso a información personal y biométrica almacenada por instituciones públicas y privadas, con fines de investigación.
Durante el análisis en lo particular, sólo se aceptó una modificación propuesta por la diputada Petra Romero Gómez, de Morena, relacionada con los artículos 6 y 23. El ajuste consistió en una corrección menor en la redacción para mejorar la comprensión del texto.
El dictamen final fue aprobado, tal como fue presentado originalmente, luego de una jornada legislativa que se extendió por más de 17 horas, incluyendo más de siete horas destinadas a la presentación de reservas, la mayoría de las cuales fueron rechazadas.
La nueva ley otorga a la SSPC acceso, bajo control judicial según el dictamen, a una amplia variedad de bases de datos, entre ellas registros de vehículos y placas, datos biométricos, información telefónica, registros públicos de propiedad y comercio, datos fiscales, catastros, licencias de armas, y registros de empresas de seguridad privada, entre otros.
A pesar de que el dictamen establece la necesidad de autorización judicial, la oposición cuestionó esta garantía y advirtió que la normativa podría usarse con fines de espionaje gubernamental.
La minuta fue enviada al Senado de la República, donde deberá ser discutida y eventualmente aprobada antes de que finalice el periodo extraordinario el próximo 2 de julio.